(AZprensa)
En una democracia que se precie, el poder no debería ser un fin en sí mismo,
sino un medio para servir al bien común. Pero en España, bajo el mandato de
Pedro Sánchez, el horizonte parece haberse reducido a una obsesión patológica:
aferrarse al cargo a toda costa y someter todos los resortes del Estado a su
voluntad. No es una exageración; es una constatación basada en hechos que, día
a día, erosionan las bases de nuestra convivencia democrática. Sánchez no
gobierna para los españoles; gobierna para sí mismo, y en ese afán, está
pavimentando un sendero que huele a autoritarismo puro y duro.
El
Ejército y la Judicatura, pilares de cualquier Estado de derecho, no escapan a
esta estrategia de control. En los últimos años, hemos visto cómo el Gobierno
ha intentado influir en nombramientos clave en las Fuerzas Armadas, promoviendo
lealtades ideológicas por encima del mérito profesional, mientras que en el
ámbito judicial, las reformas impulsadas por Sánchez –como la controvertida
renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– buscan domesticar a
los jueces, convirtiéndolos en meros ejecutores de la agenda política. La
Comisión Europea ya ha alertado repetidamente sobre estas injerencias, pero en
La Moncloa parecen sordos a todo lo que no sea el eco de su propia voz. Es un
asalto silencioso al pluralismo, donde el control del Estado no es un
accidente, sino el objetivo.
Y
si alguien dudaba de los motivos detrás de esta colonización institucional,
bastan los casos de corrupción que salpican al entorno más íntimo de Sánchez
para disipar las dudas. Hablamos de un otoño negro para el PSOE, con
investigaciones que han entrado en su fase más crítica y que apuntan
directamente a su círculo cercano.
Begoña
Gómez, su esposa, enfrenta acusaciones de tráfico de influencias; su hermano
David Sánchez, procesado por enchufismo en la Diputación de Badajoz; y el caso
Koldo, esa trama de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la
pandemia, que ha metido en prisión a exministros como José Luis Ábalos y al
hasta hace poco secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
No
son meras calumnias de la oposición; son indicios graves que la Justicia ha
validado con autos de procesamiento y que la Unidad Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil ha documentado con informes demoledores.
Antecedentes
como los indultos a los líderes del procés independentista en 2021 ya nos
dieron una pista clara: Sánchez usa el poder como escudo personal. Aquellos
perdones no fueron un gesto de reconciliación nacional, sino una transacción
política para mantenerse en el sillón. Hoy, con sus allegados en el banquillo,
la jugada es obvia: si se prolonga en el Gobierno hasta que caigan las
sentencias, tendrá en su mano la prerrogativa de indultarlos, como hizo con los
golpistas. Es una carta marcada en la manga, un cálculo cínico que convierte la
Justicia en un instrumento de impunidad selectiva.
Pero
el control va más allá. Colonizando las instituciones, Sánchez asegura que
estas no se vuelvan contra él. Cada nombramiento afín, cada reforma que
debilita la independencia, hace más remoto el riesgo de que el sistema le
devuelva el golpe. Y ahí entra el episodio más revelador: las supuestas
revelaciones a la cúpula de la UCO. Informes recientes de esta unidad de la
Guardia Civil sugieren que Sánchez, a través de intermediarios como Cerdán,
filtró información sensible sobre las investigaciones en curso, con la
esperanza –o la exigencia– de que las pesquisas sobre la corrupción en su
entorno fueran más "benévolas".
Grabaciones
de Koldo García lo confirman: el presidente estaba al tanto de las diligencias
y, según las versiones de los implicados, movió hilos para proteger a los
suyos. No es una conspiración; es un patrón de interferencia que huele a
obstrucción a la Justicia. En este contexto, no sorprende que Santiago Abascal,
presidente de Vox, haya lanzado una advertencia que, por desgracia, resuena con
acierto. "La mafia está dispuesta a todo, incluso a alterar el resultado
electoral", ha dicho recientemente, refiriéndose a las elecciones
generales de 2027, que Sánchez agotará hasta la extenuación legislativa. Abascal
urge a convocar comicios ya, porque "cuanto más tiempo pase, menos
garantías habrá de que sean limpias y democráticas".
No
es alarmismo; es un eco de lo que hemos visto en países del Tercer Mundo, donde
dictaduras incipientes acaparan el poder manipulando urnas, controlando medios
y domesticando instituciones. Sánchez, con su "modelo Maduro" en
mente –como él mismo ha insinuado en privado–, podría estar tentado de seguir
el guion: un "pucherazo" sutil, con cambios en la ley electoral o
presiones a la Junta Electoral, para perpetuarse.
Criticar
esto no es ser "de derechas" ni caer en la polarización; es defender
la democracia frente a su erosión. Sánchez ha transformado el Gobierno en un
feudo personal, donde la lealtad al líder prima sobre todas las cosas. Ha
obviado escándalos, ha minimizado informes de la UCO y ha respondido a las
dimisiones con planes anticorrupción que suenan a maquillaje.
Pero
el cáncer está en el núcleo: un presidente que prioriza su supervivencia sobre
la transparencia. España merece algo mejor. Merece un líder que no vea el
Estado como botín de guerra, sino como servicio público. Si no paramos esta
deriva, el camino de la dictadura no será una metáfora; será nuestra realidad.
Y entonces, no valdrán excusas. Habrá que asumir que el silencio ante el abuso
es complicidad.
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